Santiago, 05 de enero 2015. Nos hacemos un deber comunicar a la opinión pública nuestra preocupación por la situación que está afectando al Puerto de San Antonio. Ello se produce en momentos cuando se acaba de publicar la Resolución 7233 del 24 de diciembre de 2014 de la Dirección Nacional de Aduanas, que obliga a las empresas participantes del comercio exterior nacional a pagar una tasa equivalente a US$ 0,2 por tonelada que se exporta o importa al país, cuya recaudación se destinará a cancelar compromisos asumidos por el Estado, fundamentalmente relacionados a pagos retroactivos de colaciones y pensiones a trabajadores portuarios. Se supone que este esfuerzo que realiza el sector privado, que no le debería corresponder, debe conducir a evitar efectos altamente perniciosos que dañan nuestras exportaciones, especialmente las de productos perecibles, tal como lo refleja el espíritu del Acuerdo firmado el día 12 de agosto de 2014, entre los Ministerios de Economía, Transporte y Trabajo, con organizaciones representativas del sector privado, estableciéndose la necesidad imperiosa de lograr a la mayor brevedad una estabilidad en el sector portuario nacional, así como su necesaria modernización Coincidentemente se ha iniciado en estos días una huelga en una de las concesiones del Puerto de San Antonio, lo que, nuevamente, podría afectar gravemente nuestras exportaciones. El Acuerdo del día 12 de agosto pasado establecía la creación de una "Comisión Especial" con el objeto de avanzar en las temáticas pendientes del sector portuario, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. Por otra parte vemos con gran preocupación como las empresas concesionarias aún mantienen conflictos laborales que no se han solucionado adecuadamente, cuyos costos, en definitiva, asumen los usuarios. Se hace indispensable que tanto las autoridades como el sector privado involucrado, asuman su responsabilidad a la mayor brevedad, a fin de evitar conflictos que nuevamente puedan ocasionar graves daños al país. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, así como a las empresas concesionarias de los puertos, a asumir las responsabilidades inherentes a sus respectivas funciones, con el objeto de lograr soluciones inmediatas a los actuales problemas y establecer las condiciones necesarias para abordar, entre todos los involucrados, soluciones permanentes que permitan una adecuada estabilidad a nuestro sector portuario. Ronald Bown Fernández |